"La sociedad tiene una visión negativa de la vejez y del envejecimiento, que provoca que las personas mayores experimenten restricciones en el ejercicio de sus derechos, que no están justificadas y que constituyen una discriminación por motivos de edad". Es una de las principales conclusiones que pone de manifiesto el informe 'La discriminación por razón de edad en España', presentado esta semana en Madrid y que aborda las consecuencias de los estereotipos negativos asociados a la edad fruto de una sociedad con "ideología edadista", con un enfoque centrado en los derechos de los mayores. Entre ellos destacan las dificultades a las que se enfrentan los mayores en ámbitos tan diversos como la sanidad, el empleo, el acceso a la justicia, la educación, o el maltrato.
"España tiene un marco legislativo poco garantista para los mayores. Los derechos no caducan con la edad, pero con los años perdemos derechos efectivos y se nos empieza a tratar de otra manera", ha denunciado la presidenta de HelpAge (@HelpAgeEspana), Isabel Martínez, organización encargada de la elaboración del estudio junto con el Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas de la Universidad Carlos III de Madrid (@idhbc_uc3m) y que plantean una serie de recomendaciones para combatir esta situación. " El edadismo se ha revelado como una ideología que justifica un sistema de opresión. Igual que pasa con los casos de discriminación de género, lo que no es natural es partir de una situación de desventaja", ha señalado María del Carmen Barranco Avilés, profesora de filosofía del Derecho y de la Universidad Carlos III y responsable del estudio junto con Irene Vicente.
"La sociedad ha envejecido mejor que el Estado de Derecho"
Por eso coinciden con Fernando Flores, experto en Derecho Constitucional y envejecimiento de la Universidad de Valencia (@UV_EG), en la necesidad de incorporar la perspectiva de los mayores a las políticas sociales y el enfoque de derechos humanos. "Mientras que los mayores han ido adquiriendo una visibilidad incipiente en la sociedad, hay una clara falta de referentes en el Derecho sobre este asunto y sobre todo un vacío en cuanto a la información y estadísticas sobre mayores. La sociedad ha envejecido mejor que el Estado de Derecho", ha apuntado Flores. "Es necesaria una Convención Internacional para los derechos humanos de las personas mayores como instrumento para la toma de conciencia del edadismo, identificar los casos más acuciantes e impulsar políticas públicas más inclusivas", apunta María del Carmen Barranco. "La puesta en marcha de este convenio de la ONU podría servir para identificar las problemáticas y responsables preocupados en avanzar con medidas concretas", añade Flores.
Paralelamente, la presidenta de HelpAge, Isabel Martínez, recuerda que una de las dificultades para combatir la discriminación por edad es que no se tiene conciencia de ella porque situaciones como la del maltrato a los mayores se normalizan. "Hace tiempo estuvimos hablando sobre este tema con el Defensor del Pueblo y nos confesó que eran conscientes de que existía esta problemática, pero que no recibían quejas ni denuncias por parte de los mayores. Y es que hay muchos que no son ni si quiera conscientes de que están viviendo una vulneración de sus derechos", explica Martínez. Como ejemplo, espera que la aprobación de la Ley de Igualdad de Trato, prevista para esta legislatura que comienza, cambien las cosas en "ámbitos clave como el laboral, donde la discriminación por edad baja hasta los 55 años, cuando las personas empieza a sentirse fuera del mercado". Y todos reconocen que la legislación es lenta, pero que referentes como el Código Penal tienen un gran valor pedagógico, y que desde su organización esperarían también la llegada de una Ley contra el Maltrato a los mayores, similar al de la Ley Integral contra la Violencia de Género.
Envejecimiento como gasto
Una de las razones que contribuyen al edadismo es, según María del Carmen Barranco, considerar el envejecimiento únicamente como un gasto. "Y así es cómo se articulan la mayoría de las políticas públicas, incluidas las de envejecimiento activo", enfatiza Barranco, instando a que se incorpore la perspectiva de derechos humanos cuantos antes. "Si los derechos humanos son universales, las personas mayores no deberían ser peculiares titulares. (...) Tendemos a vincular titularidad de derechos a la autonomía, a que las personas sean autosuficientes e independientes", ha alertado la profesora. Este matiz es importante, sobre todo al tener en cuenta que apenas hay inversión pública en atención a las personas mayores. "Casi todo está en manos privadas, además de que no hay opciones intermedias entre permanecer en su propia casa e ir a una residencia", apuntan las autoras del informe.
Como conclusión sorprendente del estudio, Barranco destaca la segregación que experimentan los mayores de 65 años desde el momento de su jubilación, a pasar a ser sujetos "no activos", y sujetos en muchos casos a "explotación en los cuidados" e incluso a su "exclusión de los espacios públicos por problemas de accesibilidad o simplemente porque se segregan las ciudades entre espacios infantiles y otros diferentes para mayores". Piensan que el problema de la soledad afecta especialmente a las personas dependientes y que los servicios sociales se orientan a las necesidades de alimentación, aseo y al apoyo con la toma de medicamentos, pero que no tienen en cuenta la soledad. Por último, entre los estereotipos a los que se tienen que enfrentar las personas mayores está la imagen homogénea del colectivo. "Hay que reivindicar la diversidad y heterogeneidad de los mayores y sus diferentes aproximaciones a temas tan diversos como el ocio, la participación o el acceso a la salud", señala Barranco.
Discriminación directa e indirecta
Los responsables del informe señalan que una de las dificultades es que es en la mayoría de las ocasiones, la discriminación es indirecta. "Son pocos los casos en los que el tratamiento diferenciado se da por motivos prohibidos legalmente, sino que son más habituales los ejemplos de discriminación indirecta como el establecimiento de requisitos que los mayores no pueden cumplir para acceder a un puestos de trabajo o un seguro, por eso es más difícil de demostrar", explica Barranco, quien recuerda que el tratamiento diferenciado solo se justificaría por el derecho "si la finalidad es necesaria, proporcional y adecuada, según los parámetros de la Constitución".
En este sentido, el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia, Fernando Flores, estima crucial revisar los conceptos fundamentales de Derecho que afectan a los mayores. "Es falsa la distinción entre los derechos políticos, sociales y civiles, por lo que hay que actualizar el artículo 14, que prohíbe la discriminación pero sin tener en cuenta situaciones como el edadismo. Hay que prepararse "de manera sistemática y prospectiva con el futuro envejecido que nos espera. La defensa de los derechos sociales es de todo", ha puntualizado.
Acceda al informe completo aquí.